Raul-Rian

“No ha existido una vulneración de los derechos de participación política”

El juzgado de lo Contencioso – Administrativo Nº 1 de Cuenca ha dictado sentencia desestimando el recurso interpuesto por el Grupo Popular el 10 de septiembre de 2015 contra el Decreto de Alcaldía de 27 de agosto de 2015 confirmatorio de la convocatoria de pleno extraordinario urgente del 8 de julio de 2015.

 

El PP consideró que no estaba justificada la convocatoria que se realizó de forma extraordinaria y urgente el 7 de julio para la celebración de sesión extraordinaria urgente el día 8 de julio. Argumentaban que “tal urgencia en la convocatoria ha privado a los miembros de la corporación del tiempo necesario para estudiar la documentación”. En ese pleno se trataron entre otras cuestiones las dedicaciones exclusivas y parciales del alcalde y las concejalías, así como la representación del Ayuntamiento de Tarancón en la Mancomunidad de Aguas El Girasol.

 

La portavoz del Equipo de Gobierno, Rian Pérez, ha dado cuenta hoy de este fallo, del que tuvieron conocimiento la semana pasada. El juez da la razón al Equipo de Gobierno, y recuerda en su sentencia la argumentación que el alcalde dio en su decreto al desestimar el recurso de reposición que en primer lugar interpuso el PP ante el propio Ayuntamiento. El primer edil explicaba que “la necesidad de concentrarse en los asuntos que interesan a los ciudadanos se veía constantemente mediatizada e impedida por la necesidad de llevar a cabo reuniones para concretar acuerdos sobre las propuestas que aún debían someterse a la decisión del Pleno”. Por lo tanto, “una convocatoria no urgente hubiese acarreado la necesidad de convocar las respectivas Comisiones Informativas” y a su vez “el Pleno no hubiera podido celebrarse hasta el lunes de la semana siguiente, apenas dos días antes de la conclusión del plazo, con el riesgo de defectos en la convocatoria y desconocimiento de disponibilidad de miembros corporativos”.

 

En la sentencia, dentro de los fundamentos de derecho, el juez especifica que “no hay inconveniente para aceptar la urgencia en la convocatoria de unas cuestiones de organización que deben estar resueltas con la mayor urgencia posible” para “poder empezar a funcionar de manera correcta, más aún cuando en la resolución impugnada se alude a la constatación de que iba a ser imposible siquiera reunirse para tratar los temas”. Añade que “realmente en este caso no ha existido una vulneración de los derechos de participación política” del grupo popular, y que “no se puede alegar desconocimiento” de los asuntos que se llevaron al Pleno “o falta de disponibilidad de la documentación” porque “además de estar a disposición, durante más de 24 horas, la misma era perfectamente conocida por dichos miembros del Grupo recurrente, al conocerla de la anterior sesión plenaria”.

 

Además, continúa argumentando el juez, “ni siquiera deduciendo la imposibilidad de asistencia de uno de los miembros del Grupo recurrente, en concreto, su portavoz, María Jesús Bonilla (…) dada esa doble condición, Diputada y Concejal, es posible que en ocasiones se produzca dicha coincidencia de sesiones, debiendo decidir la afectada a cuál debe acudir, pero ello no debe suponer necesariamente que cualquiera de ellas deba modificarse por dicha circunstancia”. Su ausencia “se podrá entender justificada”, pero “no ha de comportar condicionante alguna a la hora de convocar una sesión plenaria para un día determinado”. Es la concejala y diputada la que debe determinar “sus preferencias o prioridades en cada caso.

 

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación en el plazo de 15 días a contar desde el siguiente a su notificación.

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